CCOO alerta de que el programa de colaboración social para desempleados "excluye" al 46% de los parados madrileños

CCOO alerta de que el programa de colaboración social para desempleados "excluye" al 46% de los parados madrileños

Jueves 30 de Mayo del 2013

 

 

  • El sindicato alerta de que "los perceptores con prestaciones más altas serán excluidos", algo que la Consejería niega

(EP) CCOO ha alertado este jueves de que el nuevo Programa de Recualificación Profesional de desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social en ayuntamientos perjudicará al 46 por ciento de los parados madrileños que no reciben ninguna prestación por desempleo y que, además se verán "doblemente afectados" porque este plan absorberá "la mitad del presupuesto" que la Comunidad dedica a políticas activas de empleo, algo que la Consejería del ramo niega.

 

 

En una rueda de prensa, representantes del sindicato han estimado que de los 32 millones euros que figuran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013 destinados a la financiación de políticas activas de empleo, 15 millones de euros se consumirán en lo que consideran "la caricatura de un auténtico programa de formación en alternancia con el empleo".

 

 Por su parte, fuentes de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura ha negado que la mitad del presupuesto en políticas activas de empleo se destine a este programa pues, según han asegurado, en la última reunión del Ministerio del ramo y las comunidades autónomas, celebrada hace aproximadamente un mes, el Gobierno regional conoció que el Estado les adjudicaba 168 millones de euros, 8 millones más que el año pasado.

 

   "La partida destinada a estas acciones asciende a 168 millones, por lo que a los parados sin prestación se les ofrece las otras 29 políticas de empleo que se prevé realizar. A los desempleados sin prestación se les ofrece el 91 por ciento de políticas activas de empleo restantes", han reiterado las mismas fuentes, que han incidido en que la Consejería ha decidido dirigir el programa a las personas con prestación porque "así lo obliga el Real Decreto del Estado del 1982".

 

CC.OO: "ENTIENDEN EL PARO COMO UNA CUESTIÓN DE IMAGEN"

   Sin embargo, el secretario general de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de CC.OO, David Jabato, ha incidido en que el Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social, que ha entrado este jueves en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se sitúa en la línea del Gobierno regional de "no entender el problema del paro como una lacra y sí como cuestión de imagen".


 

   De esta forma, Jabato ha ahondado en que con este plan, dirigido a los perceptores de prestaciones, perceptores de subsidios y perceptores de la renta activa de inserción (RAI), "profundiza" en la línea del 'plan piloto' implantado en cuatro oficinas de empleo de la región, por el que se priman los puestos de trabajo a los parados que reciben alguna prestación.

 

   De esta forma, el secretario general de la Sección Sindical de CC.OO en la Consejería del ramo, Guillermo Laborda, ha incidido en que esta medida perjudicará a 262.000 personas que han dejado de percibir prestaciones por desempleo y que representan el 46 por ciento de los parados madrileños.

 

"LOS PERCEPTORES CON PRESTACIONES MÁS ALTAS SERÁN EXCLUIDOS"

   Laborda ha explicado que los preceptores con prestaciones más altas serán excluidos de este programa de empleo a favor de las personas con rentas contributivas más bajas. Así, los portavoces han apuntado que los Consistorios "sustituirán trabajadores baratos por mano de obra cualificada, empezando por los Ayuntamientos donde se han realizado Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)".


 

   Este portavoz ha explicado que, por ejemplo, a una persona con una base reguladora diaria de 50 euros que cobraba 1.500 euros mensuales y que recibe una prestación de 750 euros en base del 50 por ciento (6 meses después de haber comenzado a cobrar el paro) le correspondería una complemento de colaboración social de 750 euros.

 

   Así, según Laborda, al Ayuntamiento le correspondería pagar un complemento de 750 euros a este trabajador pero como la ayuda del Gobierno regional es de 500 euros "este trabajador no es rentable y será excluido". "Los Consistorios tenderán a elegir a aquellos trabajadores a los que tengan que dar menos complemento de colaboración social. Y si pueden pagar con los 500 euros dos empleados, mejor", ha señalado.

 

   De esta forma, el representante sindical ha explicado de los buenos candidatos serán aquellos preceptores de subsidio por ser emigrantes retornados, aquellas personas que han trabajado más de seis meses sin derecho a prestación contributiva y aquellos que tengan una base reguladora baja.

 

   Según Jabato, estas personas a las que se les aplica el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 645,30 euros mensuales y cobran un subsidio de 426, se les dotaría de un complemento de colaboración social de 219,30 euros. "Y así el Ayuntamiento paga con los 500 euros 219,30", ha apuntado.

 

   Este razonamiento ha sido negado por fuentes del departamento que dirige Ana Isabel Mariño, que han asegurado que "la Consejería, como le corresponde por ser una Administración pública. supervisará las condiciones de contratación para que se lleven a cabo en condiciones de igualdad entre los candidatos".

 

   De hecho, así figura en el artículo 9 de la orden 2445/2013, del 16 de mayo, de la Comunidad de Madrid en la que se convocan las. "La Entidad beneficiaria de la subvención seleccionará a los desempleados participantes en el proyecto de entre los candidatos que le hayan sido remitidos por la Dirección General de Empleo, sin que pueda prevalecer ninguna causa de discriminación no fundamentada legalmente", reza la orden.

 

UN PROGRAMA "DISTINTO" A ANDALUCÍA Y CATALUÑA

   Ante la comparación del programa de Colaboración Social con otros planes en Andalucía y en Cataluña, los sindicatos han asegurado que "no tiene nada que ver". "En Andalucía el desempleado manifiesta si quiere asistir o no y si lo rechaza no se le aplica ningún proceso sancionador", ha asegurado Laborda.


 

   En las Ayudas para Acciones de Colaboración Social (MEMTA) de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press y vigente desde el 7 de noviembre de 2008, figura que "con el objeto de reactivar laboralmente a personas desempleadas que estén percibiendo un subsidio por desempleo, y manifiesten su voluntad de participar en la ejecución de la acción, la Administración de la Junta de Andalucía incentivará la realización de tareas de utilidad social de las Administraciones Locales andaluzas en el marco de la colaboración social".

 

   Asimismo, este representante sindical ha apuntado que en Andalucía la entidad local que recibe esta ayuda por parte de los desempleados no podría haber iniciado con anterioridad ninguna reducción de personal. Del mismo modo, en Cataluña este programa está destinado a las entidades con menos de 50.000 habitantes, es decir, para "aquellos Ayuntamientos que por su tamaño no podrían realizar contrataciones", ha afirmado.

 

TRABAJADORES "SIN NINGÚN PARAGUAS"

   Por otro lado, los representantes sindicales han advertido de que los trabajadores sindicales no contarán con "ningún paraguas" ante posibles problemas por no contar con ninguna relación laboral con el Ayuntamiento al que prestarán sus servicios. No obstante, los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social por accidente de trabajo y enfermedad profesional.


 

   "El desempleado que comience este programa no tendrá contrato laboral, no cotizará y trabajará ocho horas mientras se le consume la prestación de desempleo", ha alertado el secretario general del Sector de la Administración Local de Madrid, Juan José Regatos.

 

   Preguntados sobre si se plantean llevar a cabo alguna acción legal contra el Gobierno regional, Jabato ha asegurado que el programa está en manos del comité jurídico del sindicato, que estará "muy atento" a cualquier posible irregularidad en las ofertas y a la posibilidad de que se discrimine a algún desempleado por la cuantía de su prestación de desempleo.

 

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